lunes, 15 de marzo de 2010

SANTANDER: ADMITIDA QUERELLA POR ESTAFA

La juez Belén Sánchez ha admitido a trámite la querella formulada por la asociación de afectados Activa contra el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, el consejero y vicepresidente tercero del banco, Matías Rodríguez Inciarte, y otros responsables de la entidad por la suspensión de los reembolsos del fondo de inversión Santander Banif Inmobiliario.

El auto considera que "los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito de estafa, apropiación indebida y delito societario", según la información de Activa.

Por ello, el Juzgado ordena al Santander que identifique a los partícipes que salieron del fondo en la ventana de liquidez de octubre de 2008 (periodo en el que se permite recuperar la inversión), cuando contaba con una de las mayores rentabilidades de su historia.

Según Activa, que representa a más de 400 afectados, el Santander facilitó en ese momento la salida de "unos cuantos" partícipes, que tenían en sus manos el 16,90% del patrimonio, para luego proceder a "cerrar la salida del fondo" creando el pánico entre el resto de clientes, que llegaron a solicitar el reembolso de más del 90% del volumen gestionado por Banif Inmobiliario.

El Santander procedió en febrero de 2009 a pedir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que permitiese congelar por dos años la devolución de los ahorros a los más de 43.000 partícipes del mencionado fondo.

En otras diligencias, la juez también requiere a la gestora que dirija el expediente íntegro elaborado con ocasión del contrato de préstamo por importe de 170 millones de euros al Euríbor más 300 puntos básicos suscrito con Santander.

Asimismo, solicita a Banif que identifique a todos los clientes, curiosamente todos pertenecientes a la sucursal de la Calle Serrano 92 de Madrid, que abandonaron el fondo en la ventana de liquidez abierta en octubre de 2008.

Según Activa, el grupo Santander "captó entre 2003 y 2006, aprovechándose de la burbuja inmobiliaria, 2.490 millones de euros", asegurando que comercializaba un fondo de inversión inmobiliario por tiempo indefinido para obtener rentabilidades estables de alquileres.

Además, sostiene la asociación de afectados, el fondo fue un instrumento por el que Santander extrajo entre 2003 y 2008 "comisiones por más de 640 millones de euros que consumieron el 100% de los ingresos por alquileres netos y el 100% de los ingresos financieros netos y buena parte de las plusvalías reales por la venta de inmuebles que fue necesario enajenar para pagar las comisiones".