miércoles, 29 de abril de 2009

SANTANDER: FISCAL SOLICITA 9 AÑOS DE CÁRCEL PARA ALFREDO SAINZ

El Fiscal del TSJC pide penas que suman nueve años de prisión para el ex presidente de Banesto Alfredo Sáenz (actual vicepresidente y consejero delegado del Santander), por cuatro delitos continuados de acusación y denuncias falsas y por estafa procesal en grado de tentativa, en un caso de presuntas falsas acusaciones contra cuatro empresarios.

En sus calificaciones provisionales, el fiscal acusa no sólo a Sáenz de denuncia falsa sino también al ex director general de Banesto José Angel Merodio, al ex director regional de Banesto en Cataluña Miguel Angel Calama y al letrado externo de esta entidad, Rafael Jiménez de Parga.

El próximo lunes se iniciará en la Audiencia de Barcelona el juicio contra los ex altos directivos de Banesto y el conocido abogado Jiménez de Parga, en un caso que se remonta al año 1994, cuando el banco denunció a los empresarios Pedro Olabarría y los hermanos Luis y José Ignacio Romero por un delito de estafa y alzamiento y a los que reclamaba unos 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros).

Según el fiscal barcelonés, los directivos bancarios tenían "pleno conocimiento de la falsedad de los hechos en que se fundaba" la querella contra los empresarios y, a pesar de ello, se reiteraron en estas "falsas imputaciones" en varios escritos durante el procedimiento de diligencias previas del Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona.

La finalidad de la querella de Banesto, argumenta el fiscal, "era lograr por ese medio el cobro de una deuda que la entidad bancaria tenía con determinadas sociedades del denominado Grupo Harry Walker, tras haber fallado las negociaciones amistosas y conscientes los acusados de que no tenían, frente a dichas personas, acción civil directa para exigirles el cobro de ésta".

El ex juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella de Banesto y decretó medidas preventivas de cárcel contra los tres empresarios de este caso.

Poco después, se supo que el ex juez y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Luis Pascual Estevill había extorsionado a éstos y a otros empresarios para que evitaran la prisión, delitos por lo que posteriormente fue condenado, acusado concretamente de cohecho, amenazas condicionales, prevaricación, detención ilegal y alzamiento de bienes, cometidos cuando ejerció como magistrado de instrucción en Terrassa y Barcelona.

La querella contra los empresarios Olabarría y los dos hermanos Romero fue archivada en 1995 por el titular del Juzgado de Instrucción número 10, si bien en 2006 el Tribunal Supremo falló a su favor y ordenó continuar las investigaciones y decretó la apertura del juicio oral que comenzará el próximo lunes 4 en Barcelona.